La desaparición física, el 5 de
marzo de 2013, del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías -líder máximo
de la Revolución Bolivariana que condujo a Venezuela durante 14 años en un
proceso político victorioso de recuperación de la dignidad nacional y
construcción de la justicia social- fue percibida por el pueblo venezolano como
una pérdida irreparable de dimensiones históricas. El hombre amoroso y guerrero
que guió con su palabra certera a los venezolanos en la transición entre dos
milenios y pudo llevar a la sociedad a un estadio superior en cuanto a la
satisfacción de las necesidades de la población, a pesar de inmensos obstáculos,
de pronto ya no estaba ahí para orientar el rumbo de la nación.
El pueblo venezolano, en medio
del dolor por la pérdida irreparable del Comandante, decidió continuar por el
camino revolucionario y escogió el 14 de abril a Nicolás Maduro como su
Presidente.
Pero un día después de la
elección presidencial, seguidores del opositor Henrique Capriles salieron a las
calles acatando el llamado a drenar la rabia contenida y sembraron muerte y
destrucción en bastiones opositores gobernados por alcaldes de la derecha.
Comenzó entonces una nueva etapa
del plan conspirativo, la guerra económica, que, según el guión golpista,
actuaría como olla de presión al provocar la acumulación de frustraciones
en amplias capas de la población,
que se disiparían al cabo de un tiempo con un repentino estallido
contrarrevolucionario.
Durante el segundo semestre de
2013, empresarios y comerciantes inescrupulosos, dirigidos por la patronal
Fedecámaras y con participación activa de Consecomercio y Venamcham, ejecutaron
alzas continuas e indiscriminadas de precios en todos los rubros hasta alcanzar
casos con 2.000% de incremento, además de que procedieron al acaparamiento de
bienes esenciales. Además, se produjo un brutal ataque contra la moneda
nacional, a través de portales electrónicos basados en Miami, donde se “calculaba” un
supuesto tipo de cambio paralelo al alza que servía a los comerciantes como
referencia para la formación de precios.
Las medidas tenían el objetivo de
alentar entre la población el sentimiento de inconformidad con el Gobierno y
movilizar los ánimos contra el Presidente a quien los medios, en una campaña
sistemática, atribuían la responsabilidad por los problemas generados por la
actividad conspirativa.
El Gobierno del presidente
Nicolás Maduro respondió a la guerra económica con un plan de inspecciones
ejecutado en miles de empresas y comercios de todo el país, con la finalidad de
obligarlos a bajar los precios y vender la mercancía de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento legal venezolano que prohíbe la usura y la especulación.
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